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La Justicia… ¿legitima?

Sobre Once, Cromañón, Escuchas y Golpes a Indigentes

Jorge Garaventa

 

Apenas un día antes de un nuevo aniversario de la masacre de Cromañón, la Justicia nos sacude con un fallo ejemplar condenando a casi todos los procesados por el tristemente recordado choque del tren del Sarmiento contra la contención de la estación terminal de Once. El fallo, ejemplar por donde se lo mire, establece que el hecho juzgado es el final de una cadena de responsabilidades y de hechos de corrupción que delinearon como perfectamente evitables las más de 50 muertes. Pero no se detienen ahí sino que además solicita se abra una investigación sobre los responsables políticos, lo cual nos lleva a una nueva definición, ausente hasta ahora en los fallos conocidos: las responsabilidades políticas de un crimen son responsabilidades criminales. Entonces, valga la redundancia, el responsable político de un crimen es un criminal. No es poco lo que se juega en esa definición, (la conclusión es mía, no está en el fallo) ya que abriría las posibilidades de que hechos como la masacre de Cromañón, el asesinato de Mariano Ferreira, y los de Kosteki y Santillán, o la mismísima desaparición de Luciano Arruga fueran analizados con otros parámetros judiciales.

Pero reconozcamos que estamos lejos de ello y este por ahora es un fallo aislado, y el correr del tiempo deberá mostrar si es una tendencia o una decisión judicial “oportuna” pero no por ello menos justa y digna de ser celebrada. Estos Jueces deberán saber que los estamos aplaudiendo, y los estamos mirando.

Quienes transitamos estos dolorosísimos 11 años junto a los familiares y sobrevivientes de Cromañón hemos visto con estupor, pero sin resignación, como se trazaron las líneas políticas que no había que traspasar. Un fallo tan insólito como perverso establecía que un funcionario público no tenía responsabilidad sobre la falta de idoneidad y la desidia, siendo buenos en la definición, de los funcionarios a quienes designó y en quiénes delegó su responsabilidad.

Lo cierto es que estamos ante un fallo, el de Once, que merece ser destacado ya que minuciosamente estableció responsabilidades inmediatas, mediatas y distantes; fácticas y políticas y consideró que todas ellas eran penalmente punibles.

Desearíamos creer que el fallo se funda en convicciones ajenos al poder político, pero aunque sea por defecto, nos preguntamos si el fallo hubiera sido igual si no se hubiera dado el cambio de época que estamos presenciando. Pero igual, nos quedamos acariciando el fallo porque es una dolorosísima buena noticia.

Lo que tampoco es un sentimiento arbitrario es nuestra desconfianza de estar ante un fallo que marque tendencia de independencia del Poder Judicial, y tenemos nuestras razones.

Hace más de 5 años, un fiscal que por entonces dormía la siesta con el poder, pedía y lograba el procesamiento del actual Presidente de la Nación. Se fundaba en que las pruebas, los testimonios y los acontecimientos despejaban cualquier duda hacia el rol principal que jugó el entonces Jefe de Gobierno de la CABA en el affaire de las escuchas telefónicas ilegales.

Un día antes del fallo que da lugar a este escrito la Justicia decide desprocesarlo a pedido del mismo Fiscal que lo había imputado, y sin más argumentos que el dicho de que “no hay argumentos jurídicos para procesarlo”. Podría resultar incomprensible si no fuera que queda a la vista que dicho funcionario judicial se sostiene en una coherencia interna contundente: operar en concordancia con el poder nacional de turno. Sospechosamente y en la misma línea, otro Juez absuelve al actual Presidente en una causa por represión violenta a e injustificada hacia indigentes desarmados y pacíficos.

Tal vez se abra un debate secundario acerca de si la casualidad existe o no. No estamos en condiciones de dilucidarlo.

Pero lo que si queda claro es que el poder real existe y que la subordinación de gran parte de la justicia a ello también existe, aunque a veces produzca fallos tan maravillosos como el que inspiró esta nota.