Foto: Gonzalez Ve |
(Por Jorge Garaventa*
para La Retaguardia)
La sociedad,
sobre todo la porteña,
tiene con Cromañón una
relación lacunar
compuesta de amores y
distancias aunque nunca
de odios sino más bien
de indiferencias. Lo que
pone coto a cualquier
afirmación pesimista o
crítica es la realidad
de que todas las marchas
o concentraciones en
relación a fechas
importantes, fueron
masivas.
El movimiento realizó
movilizaciones durante
más de cinco años, los
30 de cada mes, desde el
santuario de Once hasta
Plaza de Mayo y nunca
dejó de sostener una
importante convocatoria.
Las marchas por el
aniversario del incendio
han sido siempre muy
concurridas. Así ha sido
en las más de cien
marchas y
concentraciones
convocadas. Muy pocos
movimientos sociales
pueden jactarse de ello.
Tampoco lo hacen
familiares y
sobrevivientes que más
que jactancia arrastran
el dolor incomprensible
de las 194 muertes que
vomitó la masacre del 30
de diciembre de 2004.
A riesgo de ponernos
estadísticos, pero
necesariamente, es
menester aclarar que la
cifra de 194 muertos
responde lejanamente hoy
a las víctimas del
incendio. La cincuentena
de madres y padres que
han perdido la vida en
el camino, los abuelos
que se fueron vencidos
por el dolor y los
sobrevivientes que se
suicidaron porque no
soportaron que Cromañón
se repita todo el tiempo
en sus pensamientos nos
permiten afirmar, sin
exageraciones que la
masacre de Cromañón
arrastró a la muerte a
más de 300 personas.
Los distintos actos por
el 10º aniversario
fueron de una dureza
inusual como lo fue el
documento consensuado
que se leyó en la plaza.
Pero nada de eso restó
generosidad. Los
distintos grupos que
conforman el Movimiento
Cromañón insisten en el
reclamo de Justicia pero
a su vez ponen el eje en
denunciar que después de
las sobreactuadas
medidas que siguieron a
la muerte de los chicos,
se han restablecido las
condiciones para que
todo se repita.
El documento también
sirvió para denunciar
aquello que arteramente
la política hace en
nombre de Cromañón, como
es el caso de la
persecución y clausura
de centros culturales
barriales y populares,
con el pretexto de no
cumplir con las normas
de seguridad y
requisitos de
habilitación, cuando en
realidad
constitucionalmente los
gobiernos deberían
arbitrar las medidas y
facilitar recursos para
que estos movimientos
puedan desarrollarse,
sostenerse y
sustentarse.
Porque si algo está
claro, 10 años después
del fatídico recital es
que ningún grupo
allegado a Cromañón está
en contra de la música.
De hecho, el gran
acuerdo consensuado fue
aquella primera consigna
que sobrevivió a la
época: Ni una
bengala, ni el rock and
roll; a los chicos los
mató la corrupción.
El actual Papa, santo
ajeno a mi devoción por
aquello de que Francisco
es Bergoglio, bueno es
reconocer que acompañó
sin reparos el dolor de
los familiares desde el
primer momento.
En la última misa que
dio por Cromañón en la
Catedral Metropolitana,
denunció que “la ciudad
de Buenos Aires no ha
llorado lo suficiente
por Cromañón”, agregando
que “no ha tomado plena
conciencia de lo
ocurrido”
No sé si podría
suscribir a pleno las
palabras de la santidad
de los católicos. Decía
al principio que los
porteños tienen con
Cromañón una relación de
amores y distancias.
Agregaría que es una
relación defensiva
alimentada de culpa y
miedo y regada con el
horror de la
identificación. Cuando
las circunstancias, como
una fecha tan
contundente impiden
desentenderse, el clima
de duelo invade
masivamente la epidermis
social, luego, la
distancia y el alivio de
que les pasó a otros y
a su vez la culpa por el
alivio que establece el
círculo del eterno
retorno. Claramente
quienes han demostrado
no haber tomado
conciencia de lo
ocurrido y del daño
social concomitante, han
sido los jueces y los
políticos.
La Justicia y los
gobiernos tienen amplia
responsabilidad en la
salud social y en este
caso no han estado ni
están a la altura de las
circunstancias. De los
actores directos de
aquel 30 de diciembre,
hoy hay solo dos
personas presas con
condena firme.
Entendemos y compartimos
que los imputados tienen
derecho al pleno
ejercicio de su defensa,
pero también que una
década es un montón de
tiempo y que no ha
traído ni Justicia ni
arrepentimiento.
El fallo absolutorio al
ex Jefe de Gobierno,
Aníbal Ibarra, contiene
en sus considerandos una
habilitación perversa a
toda la clase política
ya que lejos de negar la
corrupción existente en
el gobierno de entonces,
sostiene que los
gobernantes no son
responsables de la
conducta delictual de
los funcionarios que han
escogido. Pavada de vía
libre, recordando
aquello de robo para la
corona.
A 10 años de la masacre,
ninguno de los imputados
ni de los “eximidos” ha
tenido la grandeza de
admitir algo de su
responsabilidad en lo
ocurrido mientras que el
país sigue sembrado de
potenciales cromañones.
Mientras tanto, el
destituido jefe de
gobierno pretendiendo
retornar al cargo en las
elecciones de 2015, y el
jefe de la “banda”
musical, posando con un
cartel donde pide su
absolución, justo el día
en que se recuerdan las
muertes de las víctimas,
son una postal de
aquello a lo que la
impunidad habilita…
*Jorge Garaventa es psicólogo, y parte del movimiento Cromañón